La Fiscalía General de la República negó que las acusaciones contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, sean una persecución política y sostuvo que su vinculación al proceso deriva de su probable participación en la más grande red de contrabando de hidrocarburos realizada por vías férreas, la cual habría generado un perjuicio a la hacienda pública de más de 4 mil millones de pesos.
Destacó que fueron las propias investigaciones las que revelaron la posible participación de las personas que han sido vinculadas a proceso.
La FGR agregó que se han integrado hasta este momento 96 datos de prueba entre los que destacan dictámenes periciales en química, para determinar la naturaleza y características de los hidrocarburos asegurados; dictámenes en ingeniería mecánica y eléctrica, para establecer la capacidad real de los ferrotanques y los volúmenes efectivamente transportados; dictámenes en fotografía, para documentar técnicamente los hallazgos y actos de investigación realizados; dictámenes en criminalística, orientados a la fijación, preservación, análisis y correlación de los indicios localizados; y dictámenes de identificación, para conocer el tipo de hidrocarburo, ya sea gasolina o diésel.
Además, defendió que las actuaciones se han realizado con apego al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos.