La Unidad de Inteligencia Financiera anunció que está investigando a doce personas y dos empresas señaladas por Washington por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, por lo que realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo para identificar posibles redes o operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Agregó que está “reforzando” las acciones contra estas personas, sancionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense por estar relacionadas con el tráfico de fentanilo y con grupos criminales del Cártel de Sinaloa, también conocido como el del Pacífico.
“Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada”, afirmó la UIF:
En concreto, Washington acusa a estas personas de tráfico de drogas y lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas.
Una de las redes está liderada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como responsable de coordinar la recolección de grandes cantidades de efectivo procedentes de la venta de fentanilo y otras drogas en Estados Unidos, que posteriormente eran convertidas en activos digitales para su transferencia a México.
Entre los sancionados figuran también Jesús Alonso Aispuro Félix, identificado como operador financiero clave en transacciones con criptomonedas; Rodrigo Alarcón Palomares, acusado en Estados Unidos de lavado de dinero; y el empresario Alfredo Orozco Romero, junto con empresas y familiares que presuntamente actuaban como testaferros.