Con esto se pretende la construcción de más viviendas y establecer esquemas de arrendamiento más accesibles para los trabajadores.
La reforma redefine la gestión del Instituto y crea una empresa filial para la construcción de vivienda, que no será considerada como paraestatal y tendrá plena capacidad de gestión.
Además, dispone que los trabajadores podrán:
• Participar en programas de arrendamiento social y compra tras un año de cotización continua.
• Utilizar su subcuenta de vivienda como garantía para el arrendamiento social.
• Recibir información detallada sobre las condiciones jurídicas y financieras de los créditos antes de contratarlos.
• Y acceder a prórrogas en el pago de capital e intereses ordinarios en caso de pérdida de ingresos salariales.
La oposición cuestionó la reforma argumentando que pone en riesgo los ahorros de los trabajadores y permitiría al gobierno administrar más de dos billones de pesos sin mecanismos claros de control.
Los senadores de Morena y aliados rechazaron estos señalamientos y dijeron que la reforma permitirá a la población acceder a viviendas más accesibles y combatir la corrupción.
La reforma aprobada fue enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.