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    Prisión preventiva contra exfuncionarios de Silvano Aureoles, él está prófugo 

    Una jueza de control del Reclusorio Oriente dictó prisión preventiva justificada a cuatro exfuncionarios de la administración del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

    La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República, presentó ante la jueza Patricia Sánchez a Carlos “N”, Mario “N”, Antonio “N” y Elizabeth “N”.

    La fiscalía los acusó de los delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

    Durante la audiencia, la fiscalía explicó que el exgobernador Silvano Aureoles causó, junto con los cuatro implicados, un daño patrimonial al Estado mexicano y a Michoacán por más de 3 mil 412 millones de pesos, al beneficiar a una empresa denominada “Inmobiliaria DIP”.

    Se informó que del 2015 al 2021 esta empresa rentaba inmuebles para establecer cuarteles de la Secretaría de Seguridad Pública en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.

    Esta misma empresa también se vio beneficiada tras recibir contratos para realizar labores de mantenimiento y servicios de limpieza a los mismos cuarteles de la policía.

    Pero no solo eso, en abril de 2020, el exgobernador Silvano Aureoles autorizó a su gobierno comprar los cuarteles a la empresa “Inmobiliaria DIP”, con un sobreprecio, causando el daño patrimonial al gobierno federal por tratarse de recursos públicos federales y estatales.

    El próximo jueves será la continuación de la audiencia de vinculación a proceso, donde se determinará la situación jurídica de los cuatro imputados.

    Silvano Aureoles prófugo

    El exgobernador perredista de Michoacán es considerado prófugo de la justicia al contar con una orden de aprehensión en su contra por peculado, lavado de dinero, administración fraudulenta y asociación delictuosa.

    Se le busca para su detención junto con tres otros tres exfuncionarios más de su administración.

    Esto por el supuesto sobreprecio en la construcción de siete cuarteles de la policía estatal que presuntamente habían sido registrados como arrendamientos.

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