A menos de una semana de su detención, un juez federal dejó en libertad a Carlos Antonio Dávila Amerena, exdirector jurídico de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), quien fue señalado por el presunto desfalco de más de 142 millones de pesos en la dependencia derivado de una compra irregular de azúcar.
La liberación del exfuncionario ocurrió luego de que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Gregorio Salazar Hernández, consideró que no existían elementos necesarios.
Sin embargo, el juez sí determinó vincular a proceso a otros tres funcionarios y una persona relacionada con la empresa Servicios Integrales Carregin, por el delito de delincuencia organizada.
Se trata de Artemio Gutiérrez Rodríguez, exsubjefe del almacén rural de San Luis de la Paz, en Guanajuato; Simón Escobar Copca, exjefe del almacén de Diconsa en Querétaro y Laura Patricia Hernández Rojas, excoordinadora de Control Presupuestal de Liconsa.
También Jorge Romero Valencia, accionista de la empresa Carregin, quien se habría encargado de simular la compra de la azúcar.
El juez federal les dictó la medida de prisión preventiva oficiosa y se les otorgó un plazo de tres meses para concluir con la etapa de investigación complementaria.
Y es que el pasado 2 de marzo, Salazar Hernández giró una orden de aprehensión en contra de 22 personas vinculadas al desfalco multimillonario cometido en Segalmex, misma que fue girada por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado.