A solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), un juez federal de Almoloya giró 22 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, por el desfalco multimillonario al patrimonio de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), superior a los 142 millones desviados.
En esa dependencia se han documentado que hay más de 8 mil millones desaparecidos.
No se han revelado los nombres de los implicados, pero no parece figurar Ignacio Ovalle, quien dejó la titularidad de Segalmex en abril de 2022, aunque FGR dice que la indagatoria sigue. De los 22 prófugos, 12 fueron servidores públicos en Segamex, cuatro pertenecen a las empresas con las que se coludieron, y seis fueron los beneficiarios de los recursos de Segalmex que fueron desviados.
Todo ese grupo de presuntos responsables de los delitos citados, celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar, que se utilizarían en beneficio de la población del país y las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a dicha empresa estatal.
Este caso corresponde a la sexta judicialización que la FGR ha realizado en 4 carpetas de investigación, en torno a desfalcos en contra de Segalmex.
Existen más carpetas que serán judicializadas próximamente, respecto a otros casos multimillonarios de peculado, en contra de dicha institución del Estado Mexicano.