La Fiscalía General de la República informó que iniciará un procedimiento legal contra la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo, del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, por ordenar que ocho militares puedan llevar en libertad su proceso por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
También procederá en contra de los magistrados Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, quienes supuestamente concedieron ventajas indebidas y desconocieron resoluciones de jueces para los miembros de las Fuerzas Armadas acusados de desaparición forzada.
LA FGR los señala de aplicar procedimientos de amparo y de ampliación de amparo para generar injusticia, afectar a las familias de los 43 desaparecidos, su seguridad e, incluso, a la nación.
Y es que el pasado viernes dicha jueza ordenó dejar en libertad provisional a 8 militares que estaban presos desde junio por la desaparición de los 43 normalistas y les fijó el pago de una garantía de 50 mil pesos.
La libertad de estos militares adscritos al vigésimo séptimo Batallón de Infantería en Iguala se dio después de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, ordenó revisar sus medidas cautelares.
El cambio de medidas fue condenado por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. En un comunicado señaló que una vez más, integrantes del Poder Judicial recurren al procedimiento de los llamados “sabadazos”, sin ponderar el derecho de las víctimas y de los padres de los jóvenes desaparecidos en un asunto que implica graves violaciones a derechos humanos.