La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal , acusó a la magistrada Janine Otálora de actuar de forma “parcial e ilegal”, luego de presentar un proyecto en el que propone que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) inaplique el artículo del llamado ” Plan B” que ordenó cese inmediato de quien fuera hasta el miércoles pasado el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo.
Y es que la Consejería Jurídica del
Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó que el expediente relacionado con el cese de Edmundo Jacobo Molina, sea asignado a otra magistratura.
En el documento firmado por la consejera Jurídica del Ejecutivo, María Estela Ríos, señala a la magistrada de haber actuado “de manera parcial e ilegal”, lo cual viola las reglas internas y de ética del tribunal, al haber permitido la filtración de un proyecto a los medios de comunicación y no por causes institucionales.
Advirtió que quedó demostrado que la magistrada ya emitió un pronunciamiento de fondo sin haber notificado a las autoridades responsables para que pudieran actuar en su defensa, por lo que vulnera el principio de imparcialidad judicial que debe regir su actuar dada su investidura.
“Promueve impedimento en el expediente SUP-JDC-118/2023, al considerar que la magistrada Janine M. Otálora, instructora en dicho juicio, ha dado a conocer, en forma indirecta o directa, su postura de magistrada ponente ante la opinión pública sobre la demanda de Edmundo Jacobo Molina”, se lee en la carátula de recepción.
En el documento dirigido al magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, advierte que “de estimarse lo contrario, podría entenderse que el tribunal actúa de manera parcial y arbitraria, lo que vulneraría el Estado de derecho y dejaría en duda la legitimidad de dicho tribunal”