La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, para ampliar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa.
Incorpora delitos como extorsión, narcomenudeo y producción, distribución y enajenación ilícita de drogas sintéticas, como el Fentanilo; delitos de defraudación fiscal y la emisión ilícita de comprobantes para combatir a las llamadas “factureras”.
La oposición aseguró que la reforma es violatoria de los derechos humanos, y advirtió que con ello se incrementará el número de personas inocentes en las cárceles, principalmente de escasos recursos.
La mayoría de Morena y sus aliados avalaron la iniciativa bajo el argumento de que el delito de extorsión es el de mayor incidencia en los últimos 10 años.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública en 2021 se cometieron 5 mil 375 extorsiones por cada 100 mil habitantes.